Deutsche-Bank-Hochhaus Frankfurt am Main
Documentos internos de Deutsche Bank muestran que la matriz en Fráncfort abrió un expediente especial, conocido dentro del banco como Proyecto Pearl, y apartó una reserva de 20 millones de dólares para enfrentar una posible sanción en México. La institución clasificó el caso como un asunto de alto riesgo financiero, regulatorio y reputacional, pero al final la multa que recibió en el país fue de 8.7 millones de pesos, la más alta impuesta a un solo banco en ese expediente.
La investigación acreditó que, entre diciembre de 2010 y noviembre de 2013, 11 operadores de siete bancos se coordinaron por chats corporativos para pactar precios de bonos gubernamentales, alterar tasas al cierre y retirar al mismo tiempo sus posturas de compra o venta. Esas maniobras provocaron un daño estimado de 29.3 millones de pesos en 142 operaciones concretas del mercado secundario de deuda pública, en transacciones que alcanzaron a inversionistas y a recursos vinculados con las Afores, es decir, con el ahorro para el retiro de los trabajadores.
Para reducir su castigo, Deutsche Bank colaboró con la Comisión Federal de Competencia Económica: admitió conductas irregulares, entregó unas 280 conversaciones de sus operadores y obtuvo el segundo lugar en el programa de inmunidad y reducción de sanciones, con un descuento de hasta 50 por ciento sobre la multa máxima. La resolución del caso, identificado con el expediente IO-006-2016, se emitió en febrero de 2021.
El capítulo en Estados Unidos cerró en agosto de 2026, cuando los bancos demandados aceptaron un pago conjunto de 107.1 millones de dólares para terminar un litigio de ocho años en tribunales de Nueva York, sin admitir responsabilidad. La diferencia entre lo que el banco alemán temía pagar en México y lo que finalmente pagó vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de reforzar los controles para proteger el ahorro de los trabajadores frente a pactos entre grandes instituciones financieras.