Tepic.- El conflicto por la reforma pensionaria y el Fondo de Ahorro para el Retiro Digno de los Trabajadores (FAN) en Nayarit escaló a una confrontación abierta tras denunciarse que una modificación en el engrose habría alterado el sentido de lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y que la votación en el Congreso local busca desfasar ese mandato judicial. De acuerdo con el pronunciamiento difundido por Óscar Cedano, dirigente del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal de Nayarit (SUTSEM), el choque se concentra en las adecuaciones derivadas de la reforma publicada en marzo de 2023 y en la sesión del pleno del máximo tribunal del 17 de agosto de 2026, donde se resolvieron las acciones de inconstitucionalidad 99/2023 y su acumulada 100/2023, avalando presuntamente el quinto transitorio para proteger el derecho de optar entre el régimen de 1997 o el nuevo esquema pensionario.
Según la denuncia expuesta en el mensaje sindical, el engrose dado a conocer el 9 de octubre de 2026 —tras la asistencia del gobernador al informe presidencial del 1 de septiembre y una reunión difundida en redes con la ministra Sara Irene Herrerías Guerra— habría acotado ese derecho únicamente a quienes cumplieron requisitos para jubilarse o pensionarse conforme a la ley de 1997 antes del 17 de marzo de 2023. Con ese cambio, el resto de los trabajadores sería canalizado de manera obligatoria al FAN, un modelo de cuentas individuales operado bajo la plataforma financiera de Afore XXI Banorte y supervisado por la CONSAR, donde la aportación pasa a ser «peso a peso» con un 7% del sueldo base por parte del trabajador y otro 7% del patrón —frente al esquema anterior en el que el patrón aportaba un 3.28% adicional sobre la cuota del empleado—, dejando sin efecto práctico los triunfos obtenidos por cerca de 8 mil empleados en acciones de inconstitucionalidad y juicios de amparo.
En la declaración se señaló directamente al gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero y a los diputados del Congreso de Nayarit de impulsar un dictamen —aprobado previamente en comisiones y vinculado a un veto sobre una reforma de marzo de 2026— que contradice lo debatido en el pleno de la Corte y restringe la libertad de elección para quienes ingresaron al servicio público a partir de marzo de 2023. Los inconformes calificaron el proceder como fraude a la ley, abuso de autoridad y traición a las familias trabajadoras, subrayando que la afectación alcanza a personal de base y de confianza, así como a maestras, enfermeras, policías estatales, jueces, magistrados y burócratas, con un impacto directo sobre la economía de la entidad.
El pronunciamiento también trasladó el pulso político hacia el calendario electoral de 2027, advirtiendo que el voto ciudadano castigará a los legisladores que respalden el dictamen en el pleno y convocando a un frente común de trabajadores del Seguro Social, el magisterio, el ISSSTE, el Poder Judicial, sindicatos burocráticos y universidades tecnológicas. Asimismo, se planteó la posibilidad de salir a las calles en diciembre ante el descontento acumulado y el temor por pagos pendientes de fin de año, bajo la premisa de reactivar la batalla jurídica mediante nuevos juicios de amparo individuales y colectivos.
En el plano institucional y jurídico, la disputa evidencia el choque entre el modelo solidario de 1997 y el régimen de cuentas individuales instituido en marzo de 2023, cuya constitucionalidad fue analizada por el pleno de la SCJN en agosto de 2026 con un plazo límite fijado hasta el 17 de diciembre para que el Legislativo estatal realizara las adecuaciones ordenadas. Cuando las organizaciones sindicales sostienen que el engrose y el dictamen parlamentario recortan derechos adquiridos ya litigados, la controversia técnica se transforma de inmediato en un foco de tensión social y presión política en la entidad.
A pesar de las advertencias legales emitidas por la dirigencia sindical y las reservas expresadas durante el análisis en comisiones legislativas, el dictamen derivado del veto ejecutivo y de las observaciones de la SCJN avanza hacia su votación final en el pleno del Congreso de Nayarit antes del vencimiento del plazo judicial de diciembre. Mientras el gobierno estatal defiende que el FAN garantiza cuentas individuales e intransferibles con rendimientos de mercado frente a la insolvencia del fondo colectivo anterior, el bloque sindical mantiene abierta la ruta de impugnación ante tribunales federales y la movilización social para revertir la pérdida del régimen pensionario de 1997.